¿Detención de Duarte, Justicia o Botín Electoral?

Por M. en D. Joaquín R. Benítez V.*La aprehensión del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, llevada a cabo el 15 de abril en Guatemala, pareciera un acierto de las autoridades de procuración de justicia del Estado mexicano, en específico de la PGR, no obstante, las omisiones de la dependencia, previa la orden de su aprehensión, hicieron pensar en el ideario popular que se le dio tiempo para evadirse de la acción de la justicia.

La detención de Javier Duarte, en tiempos en los que el priismo se juega tres gubernaturas, han generado la sospecha sobre una “entrega pactada”, ello por la forma tan simple y obvia de dar con su paradero; con esta detención, el partido en el poder se quita la presión que ejercían otros partidos políticos en las campañas electorales estatales, lo cual sin duda también le ayudará en la presidencial de 2018.

Si el PRI quiere demostrar que el caso Duarte es un combate frontal a la corrupción y no sólo una simulación electoral, la PGR deberá de consolidar su “teoría del caso” para que el proceso penal sea sólido y termine con una sentencia condenatoria, sin embargo, las indagatorias también deberán abarcar a toda la red de corrupción que permeó durante los casi 6 años de gobierno duartista.

En caso de que el actuar de la PGR se limite únicamente al anuncio de la detención y extradición de Duarte, entonces sí se estaría en presencia de un acto con fines electorales, para que los ciudadanos del Estado de México, Nayarit y Coahuila, vean con buenos ojos las acciones del gobierno federal en el combate a la corrupción, lo cual deberá de rendir frutos en las urnas el próximo 4 de junio.

Queda claro el hecho de que el sistema anticorrupción mexicano aún se encuentra en su etapa embrionaria, restando mucho camino por recorrer hasta lograr consolidarlo siendo ejemplar, efectivo y eficaz; por el momento, las persecuciones de funcionarios públicos se debe más a revanchas políticas y al cumplimiento de promesas de campaña, que a un Estado de Derecho consolidado.

Se espera que los casos como el de Duarte no queden en la impunidad y sean la punta de flecha para que la función pública y las arcas no sean vistas como el botín de guerra, del candidato triunfador en los comicios, sino por el contrario, que los dineros públicos sean cuidados y utilizados de manera equitativa, racional, eficiente y sin desviarlos a las cuentas personales.

La sociedad mexicana exige un viraje en el cambio de la administración pública, ya está cansada de los enriquecimientos de la clase política en detrimento de millones de mexicanos que viven en la pobreza; el hartazgo social y su manifestación deben de ser el motor que impulse los cambios políticos y legales que lleven a los políticos a vivir en la medianía de sus sueldos sin que tengan que saquear las arcas públicas.

Es evidente que Duarte debe responder por los delitos de lavado de dinero pero también por los de peculado, así como de aquellos en los que se puso en peligro la vida de decenas de veracruzanos, cuando los sistemas de salud administraban medicamentos caducos o que no cumplían con los estándares internacionales de la materia; esos delitos no pueden ni deben quedar impunes.

Duarte sólo es la punta del iceberg, tras de él deben de caer los demás gobernadores, Senadores, diputados y presidente municipales que ha desviado los recursos públicos, ya no más casas blancas, ranchos, cuentas bancarias en el extranjero, empresas fantasmas y toda la parafernalia que ha caracterizado a los cachorros de la pos revolución mexicana, ya sean del PRI, PAN, PRD, PT, MORENA, MC, Alianza, Verde, etc.

“La corrupción en México es cultural” decía Pena Nieto, empero, se debe cambiar ese pensamiento pesimista para que la sociedad logre transformar y eliminar este cáncer que cuesta millones de pesos a los mexicanos, ello sin contar las pérdidas humanas que también ha provocado, pues el crecimiento de la delincuencia no puede explicarse sin la complicidad de las autoridades.

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jbenitezv_nos@hotmail.com (sugerencias y comentarios).

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