Incertidumbre Sobre el Futuro de los Niños Zitacurenses

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Podremos festejara a nuestros niños, este 30 de abril, pero eso no borrará el futuro incierto que tienen los pequeños de Zitácuaro: más de la mitad de ellos viven en la pobreza, la marginación, sin oportunidades. Esto quiere decir que nosotros, los adultos, hemos fallado en brindarles un mejor ambiente, protección y seguridad.

Ante ello, suenan huecos los discursos políticos que hablan de que los niños son el futuro de Zitácuaro, del estado, de México. ¿Cómo podrán tener un mejor porvenir, cuando sufren de un presente con carencias y, en muchos casos, sin las mínimas condiciones de bienestar?

Los niños deberían de ser nuestra motivación para construir un mejor municipio, una ciudad mejor. Actualmente, los menores carecen de una educación de calidad, de seguridad al interior de su familia porque, al igual que las mujeres, sufren de maltrato.

Tampoco hay becas y apoyos suficientes que los ayuden a no abandonar sus estudios por carencias familiares. No hay, en Zitácuaro, suficientes espacios deportivos ni de esparcimiento, que les brinden un desarrollo sano y los alejen de los vicios y la delincuencia.

Aquí están los números que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó sobre la situación de los niños de Zitácuaro, luego de realizar un estudio de campo.

De acuerdo al organismo que analizar los índices de pobreza y marginación, más de la mitad de los niños de Zitácuaro viven en condiciones de pobreza. El 15% de ellos registra niveles extremos de marginación.

Sólo el 9.6% de los niños del municipio puede considerarse como “no pobres”, lo que pinta una realidad dramática de la niñez zitacuarense. Estos datos se tomaron en cuenta cuando se diseñó la mentada Cruzada Nacional Contra el Hambre que, sin embargo, no ha logrado revertir los niveles de marginación.

El rezago educativo también afecta a los niños; en especial, en las comunidades indígenas, en donde los pequeños tienen que trabajar para poder ayudar al sustento de sus familias.

Ya que hablamos de las comunidades indígenas, el Coneval señala que todas ellas registran niveles de marginación “muy alto”, en el caso de Crescencio Morales y Donaciano Ojeda, lo que repercute en perjuicio de los niños que habitan esas zonas.

El resto del municipio es considerado solamente como “alto”, en su nivel de marginación. En cuando a las comunidades rurales, las únicas consideradas como de pobreza “media” son las que se encuentran alrededor de la cabecera municipal.

Por ejemplo: San Miguel, Coatepec de Morelos, San Juan Zitácuaro, El Polvorín, La Mojonera, así como la tenencia de Ignacio López Rayón, conocida como Coyota. Es decir, la mayoría de nuestros niños, en el medio rural, viven en condiciones de marginación.

La zona urbana es considerada con un grado de marginación medio. Sin embargo, el estudio destaca que se registró un retroceso, porque en el siglo pasado se le consideraba “de baja marginación”.

El estudio señala que el 47.7 por ciento de los niños no tiene acceso a los servicios de salud. Y, más de una tercera parte de los pequeños vive en casas con mala calidad en sus materiales y espacio suficiente.

También se determinó que casi un mismo porcentaje de los niños del municipio, el 32.3 por ciento, vive en casas sin disponibilidad de servicios básicos. Esto es, agua, , drenaje o luz. Es decir, en viviendas que no son adecuadas.

Lo más grave es que el 37.9% de los niños de Zitácuaro tiene no tiene acceso a una alimentación adecuada y suficiente. Y precisamente la falta de una nutrición adecuada es la peor de las carencias que un pequeño puede sufrir.

Sirva este panorama, producto de un estudio que brinda números fríos, pero reales de nuestra situación como municipio, para reflexionar. Nuestros niños merecen vivir mejor, desarrollarse en un ambiente adecuado para que sean, en verdad, parte de un futuro próspero. Esa debería de ser nuestra mejor herencia para ellos…

Criminalizan a las Mujeres

Sorpresivamente, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa que penaliza hasta con 5 años de cárcel a las mujeres que aborten. La condena podría reducirse a un año si la fémina en cuestión no tiene “mala fama”.

Esta iniciativa, en el marco del incremento del feminicidio en el estado, producto de un persistente machismo en la sociedad michoacana, echa más leña al fuego al maltrato a las mujeres, a quienes se les quita la decisión sobre qué hacer con su cuerpo.

Afortunadamente, la iniciativa no ha sido aprobada e, inclusive, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, dio marcha atrás y señaló que la penalización del aborto fue enviada al Congreso “por error”. Imagínese: un error que pudiera haber costado a las mujeres hasta 5 años de prisión.

Se dice que detrás de este “error” están gupos conservadores michoacanos, encabezados por la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, integrada por empresarios, principalmente.

Lo peor de esta iniciativa está el hecho de que se daría un trato preferencial a las mujeres que no tengan “mala fama”, porque ellas sólo recibirían un año de prisión.

Es decir, ¿con qué criterio se determinaría, en un momento dado, qué mujer tiene mala fama y cuál no? ¿Cómo se mide la fama pública de una fémina? ¿Quién tendría la calidad moral para señalarla o no?

Sabemos que el tema del aborto es polémico y que hay quieres opinan que se trata de un asesinato. Inclusive, gran número de médicos se negaría a practicarlo, por razones morales, bien entendidas.

Independientemente de este debate, el problema está en criminalizar más a las mujeres, en una sociedad en donde, contrario a lo que la ley dice, sufren de trato inequitativo, de subordinación a los hombres.

Todo parece indicar que la iniciativa se enviará a la congeladora, que no pasará. Que el tema permanecerá como hasta ahora, como un tabú al que nadie le entra, ni a favor ni en contra.

En contraste en la Ciudad de México, la legalización del aborto cumplió 10 años de haberse aprobado. Y no ha pasado nada: no se ha registrado una avalancha de abortos. Por el contrario, las mujeres que han acudido a este método lo han hecho como última alternativa, tras haber sufrido violaciones o porque su vida está en riesgo.

Derechos Humanos en la Tenencia de San Miguel

La Comisión Estatal de Derechos Humanos retomó el caso de la votación en la tenencia de San Miguel, por medio de la cual se trata de imponer a los habitantes de la comunidad la construcción de un telebachillerato en el terreno de su propiedad.

Será esta dependencia la que determine si la votación fue legal o no, como argumentan los inconformes. Lo cierto es que el ambiente en el que se llevó a cabo el proceso fue de tensión e imposición.

El sostener una votación a la fuerza, con el uso de la policía para reprimir a los inconformes, no puede ser la base para legalizar una obra en un terreno en donde, por principios de cuentas, no está clara la legalidad de su escritura.

Sería un error insistir en ejecutar la obra cuando hay una investigación en marcha por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sin antes haber definido, a través de un proceso legal, quién es el auténtico dueño el terreno que adquirió la comunidad de San Miguel.

Además, esta decisión pasa por encima del concepto de los “usos y costumbres” de la comunidad, que ha destinado este terreno a actividades recreativas, como la fiesta del pueblo, y deportivas, como las “cascaritas” que se juegan en el predio.

San Miguel no tiene disponibilidad de otro terreno para sustituir el que se les pretende arrebatar, por lo que la autoridad municipal debería de reconsiderar la decisión de apropiarse de él. Aunque quizá esto sería mucho pedir, luego de la insensibilidad que se ha mostrado…

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