Cerrará en Febrero de 2018 Junta de Conciliación y Arbitraje

Zitácuaro.- El próximo 24 de febrero de 2018 cerrará sus puertas la Junta de Conciliación y Arbitraje de Zitácuaro, al igual que todos los organismos similares en todo el país. A partir de esa fecha, los conflictos obrero-patronales serán litigados por tribunales laborales que serán creados para este fin.

Juan Carlos Ruiz Negrete, titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Zitácuaro, dijo que la desaparición de las juntas parte de una reforma constitucional, cuyo decreto fue publicado el 24 de febrero de este año.

En esta reforma se establece la desaparición de todas las juntas laborales del país, para ser sustituidas por tribunales laborales que dependerán, ahora, del Poder Judicial. Así que cada estado deberá, en el transcurso de este año y hasta el 24 de febrero del próximo, definir cómo se crearán estos nuevos organismos y la forma de operar.

Agregó que a partir del 24 de febrero de 2018 la Junta de Conciliación y Arbitraje ya no recibirá ninguna denuncia laboral. Sin embargo, las oficinas continuarán con el desahogo de los asuntos que se encuentren el proceso y hasta que éstos sean finalizados se cerrarán definitivamente estos organismos.

En Zitácuaro, la Junta de Conciliación y Arbitraje se creó el primero de diciembre de 2015 y con poco más de 3 años de vida será desaparecida. Este organismo sustituyó al otro que existía anteriormente que sólo se dedicaba a tratar de conciliar los problemas entre trabajadores y patrones, pero que no podía celebrar juicios laborales.

Además de los tribunales laborales, también serán creados los que serán llamados centros de conciliación especializados, que serán organismos autónomos e imparciales, que intentarán mediar entre trabajadores y patrones.

Cuando los conflictos no puedan ser resueltos pro estos centros de conciliación, entonces el trabajador tendrá el derecho que acudir al tribunal laboral. Actualmente, el 90 por ciento de los conflictos obrero-patronales se dan por despido injustificado.

El decreto señala que cada estado decidirá si con los jueces que ya cuenta se atenderán los conflictos obrero-patronales o si se crearán tribunales nuevos, destinados exclusivamente a juicios laborales. En Michoacán aún no se decide cuál será la ruta a seguir para cumplir con la reforma constitucional.

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