Los Funcionarios y su Escasa Preparación Académica

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Con escasa preparación académica, que sólo alcanzaba hasta secundaria, se permitió que un sujeto como José Rolando Ojeda fuera titular de Tránsito Municipal. El resultado no pudo ser peor: desconocimiento de las leyes y reglamentos, que aplicaba a su antojo, abuso de autoridad, entre otras corruptelas que fueron toleradas por el municipio.

No es que las personas sin preparación sean tontas o que no puedan aspirar a los principales puestos públicos. De hecho, salvo las restricciones para ser diputados federales, senadores o presidentes de la República, la ley no impide a nadie ocupar cargos públicos. Pero, ¿es bueno que personas sin preparación tengan poder?

El problema es que la falta de preparación académica le impide a un funcionario analizar e interpretar información compleja que se necesita a la hora de implementar políticas públicas y operar los servicios que se da a la población (esto, según el Instituto Mexicano de la Competitividad).

Y es verdad. Un individuo como Rolando Ojeda, con escasa preparación académica, difícilmente podía entender las leyes de Tránsito que debía de aplicar y respetar; en su lugar, aplicaba “su ley”.

Y así operaba, con el fin, no de controlar la vialidad, sino de obtener ganancias (y, claro, a alguien le entregaba cuentas, porque sólo así se puede entender que se le permitía operar con toda impunidad).

Actualmente, luego de varias quejas por el abuso de autoridad de este funcionario, ya no está en Zitácuaro, pero no ha sido castigado, ni ha salido de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es, que puede ser enviado a cualquier otro municipio, a causar el mismo daño que aquí.

La escasa escolaridad ocasiona que los funcionarios que están en este caso tengan altos niveles de error e ineficiencia en su trabajo. En pocas palabras, que sin preparación académica hay muchas posibilidades de que la “rieguen” a menudo.

Es claro que, en los municipios rurales, marginados, hasta los alcaldes carecen de escasa preparación académica. Pero en Zitácuaro, por el número de población y la importancia que tiene, no se puede dar el lujo de contratar personal sin preparación, cuando hay muchos profesionistas desempleados.

Por ello, no se entiende cómo se tiene a personas con la sola preparación de secundaria, como en el caso de Nubia Esquivel. En su caso, especulamos que su contratación obedece a un pago de “factura” política. Sin embargo, ya es tiempo de poner en los cargos directivos a personas que tengan la capacidad suficiente.

Como señala el mismo Instituto Mexicano de la Competitividad, en el mal desempeño de los funcionarios influyen varios factores. Pero, sin duda, uno de ellos es la deficiencia educativa de su titular, pues el desconocimiento de aspectos técnicos suele llevar a malas decisiones.

Y eso mismo ha pasado en dependencias como el Instituto de la Mujer Zitacuarense y en otras en donde los titulares sólo tienen secundaria o preparatoria. En el primer caso, el resultado es la improvisación y la experimentación, al momento de aplicar programas. El problema es que en estos errores van implícitos recursos públicos.

Otro caso es, por ejemplo, el de la sindicatura, cuyo titular, Salvador Martínez del Río, sólo tiene hasta la preparatoria. Entre sus funciones está analizar los estados financieros del municipio y de regularizar las propiedades del Ayuntamiento. Sin conocimientos de ambas áreas, lo más lógico es que falle a menudo.

En el caso de los funcionarios, el responsable de su nombramiento es el alcalde. Creemos que debe de ser más estricto al momento de designar a sus colaboradores, porque él mismo es responsable de los errores que cometen sus colaboradores.

No es que sólo se contrate a profesionistas con maestría o doctorado, sino que los funcionarios con los que cuenta muestren deseos de superación académica y se preparen en cada uno de los aspectos técnicos que manejan.

Ahora, en la propia ciudad, hay instituciones educativas en las que pueden completar su preparación y superarse. Pero no lo hacen, a pesar de sus limitaciones y deficiencias.

En ese sentido, no es coincidencia que el funcionario con mayor preparación académica es el que más eventos y actividades realiza. Se trata de Tayde González, titular de Promoción Cultural.

Los zitacuarenses pagamos a los funcionarios un buen salario. Más elevado que lo que se paga en la misma ciudad al 99 por ciento de los trabajadores. Lo justo es que nos entreguen, a cambio, un resultado eficiente, profesional…

Abusos Policíacos

En la primera parte de esta entrega hablamos de los abusos policíacos que cometía el entonces titular de Tránsito. Pero, como hemos señalado en anteriores colaboraciones, no se trata de actitudes ni hechos aislados. Por el contrario, lamentablemente es una conducta que se repite a lo largo de todo el estado.

Así, la policía de Benito Juárez se ha apoderado de la carretera Zitácuaro-Huetamo, que es la única vía que comunica a varios de estos municipios. Por ella entran y salen mercancías y personas.

Pero los elementos policíacos se han apropiado de ella, a su paso por el municipio de Juárez y regulan en tráfico vehicular a su antojo. Ellos deciden quiénes entran y quiénes no. Además, aplican cuotas de peaje, a manera de “mordidas”, para no ser molestados.

Se trata de retenes, pero que no tienen como finalidad el evitar el traslado de drogas, delincuencia o tráfico de armas, sino el de ciudadanos indefensos, que son vistos como una forma de generarse ganancias.

El hecho se ha denunciado en diferentes ocasiones, pero ninguna autoridad ha hecho nada. Inclusive, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido varias quejas al respecto, sin que se tomen medidas al respecto.

Las revisiones a vehículos son ilegales. Ningún elemento policíaco tiene el derecho de revisar un auto, porque se trata de una propiedad privada. Y según la ley, sólo se puede hacer con consentimiento del propietario o con una orden de un juez.

Sin embargo, en los hechos, los ciudadanos acceden a las revisiones, por el temor de ser agredidos por los elementos policíacos, o ante el riesgo de que éstos los acusen de ocultar algo, de ser delincuentes y los detengan con cualquier excusa.

Y así es como sucede. En el caso de Benito Juárez, la más reciente queja presentada ante Derechos Humanos es de un ciudadano de Zitácuaro que viaja a Benito Juárez y Tuzantla, por motivo de negocios.

En el viaje más reciente encontró el mencionado retén, con tres elementos, en la desviación a Enandio, en el Puerto de Laureles. Los policías le marcaron el alto. Cuando el ciudadano se negó a ser revisado, de inmediato salieron otras dos patrullas, con 20 agentes, con sus armas listas para usar.

Ya con esta amenaza, los policías realizaron la revisión del individuo y de su vehículo, aún en contra de su voluntad, lo que, como mencionamos antes, es un delito. Durante el tiempo en el que lo tuvieron retenido, que fue como de una hora, le impidieron realizar llamadas telefónicas y comunicarse con sus familiares.

Al mismo tiempo, un elemento policíaco le sacó fotos a él y a su unidad, ante lo cual teme que usen las imágenes en su contra. Aunque al ver que no les ofrecía dinero, lo dejaron ir, el ciudadano tiene temor de que en un viaje posterior le hagan daño o le “siembren” drogas o armas, para detenerlo.

Esas son las actitudes de una policía que no está hecha para proteger a los ciudadanos, sino para intimidarlos y extorsionarlos. Esa es la policía que provoca casi el mismo temor que los propios delincuentes…

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