Trabajadores, Principales Afectados por la Crisis Económica de Silvano

Por Ricardo Rojas Rodríguez

Zitácuaro.- Generalmente, un año nuevo se recibe con optimismo, porque nos da la oportunidad de reiniciar, de renovar y hay esperanzas de no cometer los errores del pasado. Sin embargo, pese a este sentimiento positivo, no podemos cerrar los ojos y ver que este 2018 tiene nubes de tormenta y obstáculos que enfrentar.

Usted, es quienes hacemos este medio de comunicación, somos ciudadanos comunes y corrientes, que trabajamos por nuestro sustento. Que ganamos con esfuerzo el recurso con el que satisfacemos las necesidades de nuestra familia. Y es una forma digna de vivir.

Sin embargo, el problema es que nuestros gobiernos, tanto el municipal como el estatal, están inmersos en una grave crisis económica que tarde o temprano nos habrá de afectar en gran medida. Y eso es una mala noticia para este año. Debemos de estar preparados.

Salarios sin Pagar

A nivel estado, todavía en estos primeros días de enero, la administración de Silvano Aureoles Conejo no ha terminado de pagar salarios y prestaciones a miles de trabajadores; especialmente de confianza.

Esto ha generado manifestaciones y protestas, a las que el mandatario ha puesto oídos sordos y, en el peor de los casos, ha enviado grupos antimotines a dispersar a los inconformes, que con justa razón exigen su salario.

Esta situación se preveía desde hace meses. Sin embargo, Silvano, ocupado como estaba en sus aspiraciones presidenciales, no puso un remedio a tiempo. Aún hoy no tiene forma de cubrir los adeudos que se tienen.

Claro, comenzará a llegar el recurso del 2018, con el que se buscará “tapar” los hoyos en el presupuesto. Pero esto no solucionará el problema, sólo lo pospondrá. Porque el dinero que tome de los fondos de planes y programas se tendrá que reponer, aunque no hay de dónde.

Silvano intentará que nosotros, los ciudadanos, pongamos estos fondos, en lugar de exigirlos a quienes en el pasado los desviaron. Ya lo intentó, a finales del año, cuando trató de imponer un pago de servicios educativos.

Es decir, sacar dinero de los padres de familia, quienes tendrían que pagar por trámites escolares que actualmente son gratuitos. Afortunadamente este intento abortó, pero es seguro que buscará imponer algún cobro extra para que los ciudadanos paguemos, nuevamente, los platos rotos del gobierno.

Un problema similar enfrenta la Universidad Michoacana. Nuestra máxima casa de estudios, una de las 10 primeras instituciones de su tipo, a nivel nacional, está hundida en una grave crisis económica que la tiene paralizada.

Y es que, ante la falta de pago de sus quincenas y el aguinaldo, los trabajadores y los maestros decidieron realizar un pago de brazos caídos que ya casi alcanza los dos meses. Aunque en estos días se les han dado algunos abonos a los empleados, lo cierto es que no hay dinero para cubrir todo lo que se les debe, que son cientos de millones.

En el caso de la Michoacana, existe un claro intento del gobierno estatal, coludido con el Congreso del Estado, de recortar aún más el presupuesto que es insuficiente para cubrir los gastos, con el fin de hacer quebrar a la universidad.

Lo anterior, con el fin de intervenir y “reestructurarla”. Es decir, arrasar con los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores, desaparecer el sistema de pensiones a que se culpa de la crisis y despedir personal.

Ello, para después recontratar bajo condiciones menos favorables para los trabajadores y con una menor independencia de la institución, para hacerla una universidad “a modo”.

Si no es con más impuestos y cobros a los ciudadanos, ya que el gobierno federal ha negado una y otra vez hacer un “rescate” de las finanzas estatales, porque está claro que el dinero fue “desviado” por los anteriores gobiernos (claro, también por el presente), ¿cuál es la solución?

Nos tememos que se aplique la misma fórmula que se pone en marcha en las empresas privadas, cuando no pueden con los gastos, ante una baja de ingresos: despido masivo de personal.

La posibilidad de un mega despido de personal en el gobierno del estado no está lejana. Así se “ahorrarían” millones de pesos. Primero iniciaría con los trabajadores de confianza, que tienen menos prestaciones y son más fáciles de liquidar. Pero el recorte podría también alcanzar a los sindicalizados.

Y, aunque esta situación afectaría directamente sólo a los burócratas, es claro que sus efectos los sentiríamos todos los ciudadanos. En especial con el incremento del desempleo que esto generaría, y por la falta de circulación que generan estos salarios, en perjuicio de la economía en general.

            La situación económica del estado es delicada. Todas las señales indican que la crisis se hará más crítica en los próximos meses, y se agudizará en el proceso electoral, con el desvío de recursos públicos que esto implica. No es por ser pesimistas, pero la situación está así…

A Nivel Municipal

En el Ayuntamiento de Zitácuaro hay una aparente suficiencia de recursos, porque los trabajadores municipales recibieron, más o menos a tiempo, sus pagos de quincenas y la primera parte de su aguinaldo, que corresponde a 20 días de labor.

Sin embargo, esto es sólo en apariencia, porque lo cierto es que una importante parte del dinero se reunió luego de pedir dinero aquí y allá, porque lo cierto es que no había el recurso suficiente para cubrir estos gastos.

A pesar de que el alcalde con licencia, Carlos Herrera Tello, dijo que dejaba recursos suficientes para cubrir aguinaldos y salarios, esto no fue así, en los hechos. A pesar de que los proveedores han sufrido porque los pagos están estancados, el dinero no alcanzó.

Y, recuerde que el dinero que se pide prestado, tarde o temprano se tiene que pagar. Y al Ayuntamiento las cuentas comienzan a acumulársele, como bola de nieve que crece mientras cae por la ladera.

A los préstamos que se pidieron para pagar estos gastos de fin de año habrá que sumarle el millón de pesos del dinero que se robaron de las becas y que no se han cubierto. Tendrán que pagarse, es lo justo, ¿o no?

Por si fuera poco, hay como 100 millones de pesos de adeudo a los proveedores y otros, que aparecen en la cuenta pública del tercer trimestre del 2017 como “cuentas por pagar a corto plazo”.

Esta suma tendrá que liquidarse antes de concluir la administración; es decir, a más tardar en agosto de este año, más lo que se acumule por los programas y obras que se ejecuten este año.

Además, en junio de este año se tendrán que pagar los más de 10 millones de pesos que aún se deben del crédito que se solicitó en el 2017; esta cantidad, más los intereses que genera y que el año pasado alcanzaron más de un millón de pesos.

Las deudas, las cuentas por pagar que enfrentará la administración en su último tramo, que se complicará por el proceso electoral que se le atravesará por en medio, hacen que la situación económica del municipio se vea difícil.

Habrá que hacer un excelente trabajo en bajar gastos, sin descuidar los programas, para salir adelante. Pero, la pregunta es: ¿quién, que tenga la capacidad para ello, lo hará? La duda es: ¿Cómo terminará esta administración municipal?

Esperemos que quienes dirigen el Ayuntamiento; es decir, el alcalde en funciones y el que está con licencia, estén conscientes de esta situación y ya tengan una estrategia efectiva para ello. De lo contrario, la bola de nieve les reventará encima…

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