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Consulta popular en la reforma energética ¿viabilidad o no?

M. en D. Joaquín R. Benítez Vera

La izquierda mexicana, sobre todo los movimientos encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, se han pronunciado por la realización de una consulta popular respecto a las reformas energéticas que Enrique Peña Nieto ha propuesto al Congreso General de los Estados Unidos Mexicano.

            En ese contexto, diversas casas encuestadoras han dado a conocer que la mayoría de sus entrevistados están en desacuerdo con la privatización de la renta petrolera, sin embargo, el gobierno federal también ha echado a andar una contra campaña a efecto de hacer creer a la opinión pública que la mayoría de mexicanos aprueban la reforma energética [un plan bien ideado para desalentar la participación activa de la sociedad, tal y como ocurrió en las campañas presidenciales de 2012, en el que las encuestas daban como favorito a Peña Nieto por más de diez puntos, lo que en la especie no aconteció].

            En esa guerra mediática, el gobierno peñista ha desestimado la consulta popular en materia energética argumentando que aún no existe la Ley Reglamentaria sobre la Consulta popular, pese a que en el Congreso de la Unión, se han presentado diversos proyectos de iniciativa a efecto de cumplir con el mandato constitucional, sin embargo, se ha quedado en la “congeladora” del proceso legislativo, quizá de manera intencional y perversa por parte de la partidocracia, sobre todo de los tres principales partidos.

            Ahora bien, si recordamos un poco, en fecha el nueve (9)  de agosto de dos mil doce (2012), fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 35 constitucional, cuya modificación, en lo que interesa, fue la siguiente: “Artículo 35. Son derechos del ciudadano: (...) VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: 1º. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: a) El Presidente de la República; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. (…). 2º. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales (…). 3º. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado (…). La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. 4º. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1º de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 5º. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal….”

            Asimismo en el decreto de publicación de la reforma constitucional, en su artículo primero transitorio se estableció que entraría en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el diez (10) de agosto del año próximo pasado, por lo que desde esa fecha, el artículo 35 Constitucional  entró en vigor y desde esos momentos era obligatoria para todo el país, aún y cuando no hubiese Ley Reglamentaria.

            Lo anterior en razón de que el derecho constitucional no puede estar supeditado a la realización o no de una ley secundaria, ya que de ser así, y en la lógica jurídica del gobierno federal y el PRI, se podría decir que los artículos  1º, 14 y 16 constitucional tampoco tienen vigencia por que no hay ley reglamentaria que los instrumente, lo que jurídicamente es una aberración pues se estaría violando el articulo 133 de la Carta Magna, que establece la jerarquía de las normas jurídicas.

            El verdadero fondo, por el cual el gobierno federal no quiere instrumentar la consulta popular respecto a la reforma energética estriba en tres vertientes: 1. Tendría que esperarse hasta las elecciones de 2015 para llevar a cabo la consulta y por ende sería hasta ese año cuando las Cámaras de Diputados y Senadores entrarían al análisis, discusión, votación y aprobación. 2. El gobierno peñista sabe de antemano, que el nacionalismo petrolero está arraigado en la mayoría de los mexicanos, mismos que, según las encuestas no oficiales, desaprueban la reforma energética, por lo que se arriesgaría a una derrota en la consulta [al menos que aplique el sistema de compra de votos que lo llevaron a la presidencia]. 3. Si más del 40 por ciento de los mexicanos inscritos en la lista nominal electoral participa en la consulta popular, y ésta decide por un no a la reforma, dicha decisión sería vinculatoria, es decir, el acatamiento de su resultado es obligatorio para los Poderes Legislativo y Ejecutivo federal.

            La soberanía de México esta en juego, y es el compromiso de todos los mexicanos, involucrarse en la toma de decisiones de gran calado como la energética, así que, es el momento de expresarse en contra de la privatización de los hidrocarburos estratégicos del país. El gran negocio es y será para un selecto grupo de nacionales y extranjeros, el resto seguirá en las precarias situaciones económica, social y política en la que actualmente se vive.

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