Revela Informe los Posibles Desvíos en el DIF Municipal de Patricia Ramírez

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- A Patricia Ramírez del Valle se le acusa que, como presidenta del DIF en la administración pasada se quedó con todo el dinero que cobró la dependencia, por concepto de cuotas de recuperación. Se calculaba que fue un promedio de 160 mil pesos al mes. Pero todo parece indicar que esa cantidad se quedó corta. El desvío fue mucho mayor.

Ello, si se compara con la información que la actual titular del DIF municipal, Rosario Jasso, dio a conocer al comparecer ante los regidores (entre los que se encontraba la propia Patricia Ramírez).

Jasso indicó que la dependencia que ahora está a su cargo tuvo ingresos por 2 millones 45 mil pesos en un año. Es decir, 170 mil pesos al mes, unos 10 mil más de los que se calculaban.

Sin embargo, esta cantidad no incluye el cobro de la entrada al parque del DIF, que en esta nueva administración ya no se aplica. Es decir, que los ingresos pudieron ser mayores.

El DIF es una institución de servicio social. Prácticamente todos los programas que aplica son gratuitos; sin embargo, en algunos caso se aplican cuotas de recuperación, que son de bajo costo.

Como todo el recurso que obtiene el Ayuntamiento, estos ingresos por cuotas de recuperación debían de ingresarse a la Tesorería, dependencia encargada de recolectar y distribuir el recurso.

Por ello, al DIF se le asigna un presupuesto anual, de donde se pagan los gastos y los salarios del personal. Rosario Jasso dio cuenta del dinero que obtuvo por las cuotas y que puntualmente fueron depositados a la Tesorería. Patricia Ramírez no hizo eso.

La ahora regidora del PRI en el cabildo no tenía sueldo, como presidenta del DIF. Era un cargo honorario. Sin embargo, no es que tuviera un gran espíritu de servicio. A cambio de no recibir un salario, de guardó para sí todos los ingresos que se obtenían por esas cuotas de recuperación.

Así lo señala la investigación que el contralor Hugo Alberto Hernández realizó sobre el último año de la administración del exalcalde Juan Carlos Campos Ponce. Se tuvo información de que el DIF realizaba estos cobros.

Y que el dinero se le entregaba a Patricia Ramírez. No se encontró ningún comprobante de ingreso del recurso a la Tesorería. Así que todo el efectivo iba a parar a las manos de la presidenta del DIF, quien disponía de él a su antojo.

Todo ello, claro, con la complicidad de su esposo, Juan Carlos Campos Ponce, el alcalde en ese momento. ¿De cuánto hablamos, entonces? Si tomáramos como referencia la cantidad que Rosario Jasso dio a conocer y la multiplicamos por 3 años y 8 meses, tendremos una idea del desvío de recursos.

Hablamos de casi 7 millones y medio de pesos de recursos públicos (es decir, que nos pertenecen a todos los ciudadanos) que Patricia Ramírez del Valle se habría llevado, de acuerdo a los señalamientos documentados por Contraloría. Habría salido más barato asignarle un salario.

Sin embargo, esto último tampoco se justificaba, porque personal del DIF que estuvo en ese tiempo señala que Ramírez no desempeñaba ningún trabajo. Prácticamente no intervenía en ningún plan ni programa de la dependencia.

Eso sí, acudía a diario, después del mediodía, pero sólo para recoger el dinero que ingresaba a la institución y llevárselo. Además de ello, a veces a alguna gira o a algún evento, para salir en la foto.

Actualmente, al igual que Juan Carlos Campos y demás exfuncionarios señalados de desvíos de fondos, está como si nada, impune para disfrutar del supuesto dinero desviado. Inclusive, como Patricia Ramírez es regidora, esto le garantiza cierto fuero, para evitar ser detenida, en caso de que se le fincara alguna responsabilidad.

Obvio, como regidora tampoco desempeña ninguna función. Sólo acude a las sesiones de cabildo, que son de dos a un máximo de 4 días al mes, pero porque sabe que si no se presenta y acumula faltas puede ser separada del cargo.

Ramírez del Valle está incluida en la demanda de juicio político que Joel Vera Terrazas presentó ante el Congreso del Estado, así como en la denuncia por peculado que está en la Fiscalía Regional.

La esperanza es que alguno de estos procedimientos, documentados y con pruebas suficientes de los señalamientos, proceda y se castigue este tipo de conductas. En caso contrario, el mensaje sería el que es posible desviar y hasta robar recursos públicos, sin que nada pase…

Michoacán se Incendia, Silvano de Paseo

La situación de Michoacán, en lugar de componerse, cada vez se complica más. A todos los problemas ya conocidos, como la inseguridad, la guerra de cárteles y las protestas de los normalistas, hay que sumarle dos más, en los últimos días.

Uno de ellos, la toma de la Universidad Michoacana por estudiantes rechazados en el examen de admisión. El otro, también preocupante, las protestas de aguacateros en Uruapan, cuyo conflicto amenaza con asfixiar esa ciudad.

En el caso de la universidad, la toma de las instalaciones, por parte de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), ya lleva más de 45 días. Esto mantiene escuelas y facultades cerradas.

Los estudiantes no han podido reanudar clases y se corre el riesgo de perder el año escolar y/o perder acreditaciones de sus carreras. El conflicto es por lugares para los que reprobaron el examen de ingreso.

Desde un inicio, las negociaciones no han llegado a nada. A pesar de que el rector les ha ofrecido mil 500 espacios, los integrantes de la CUL no han cedido. Quieren más y no ha habido ningún diálogo posible.

El gobierno del estado no ha atendido debidamente este conflicto y el resultado es que se ha complicado. Estudiantes de medicina, desesperados por no tener clases, intentaron, el pasado lunes, recuperar su facultad. Esto generó un enfrentamiento entre jóvenes, con resultado de al menos 3 heridos.

A consecuencia de ello, la CUL reforzó la toma y va por más instalaciones universitarias, con el apoyo de los normalistas, quienes todavía siguen en conflicto. El enfrentamiento evidenció la injerencia de funcionarios estatales y partidos políticos que aparentemente apoyar económicamente a porros, para que sigan con la protesta.

Esto es, que han encontrado en el conflicto universitario la oportunidad de presionar al gobierno para obtener más canonjías, a costa de la educación de los jóvenes michoacanos.

Respecto a los aguacateros, los productores de Uruapan están molestos porque los empacadores que envían el fruto a Estados Unidos sólo les pagan 12 pesos por kilo, cuando ellos lo cobran a 100 dólares.

El aguacate ha alcanzado el precio máximo en el país del norte, pero estos beneficios sólo se quedan en pocas manos. La mayoría de los productores sólo obtienen una pequeña parte de la riqueza que genera este fruto.

Como no han sido escuchados ni atendidos, los productores han dejado de cortar el fruto y detienen los camiones cargados que se dirigen a las empacadoras. Pero ante la falta de diálogo, ahora amenazan con cerrar todas las entradas y salidas de Uruapan. Si algo no sucede, podrían radicalizar aún más sus acciones.

Y mientas estos dos conflictos escalan cada vez más, al grado de afectar la vida normal (por decirlo de algún modo) de Michoacán, Silvano Aureoles estaba a miles de kilómetros de aquí.

El fin de semana aprovechó para ir a pasear a California, Estados Unidos. La excusa fue dar un informe de su labor a los michoacanos radicados allá. Pero lo cierto es que el viaje tuvo más de paseo y menos de trabajo.

De acuerdo a informes publicados en diversos medios, Silvano Aureoles y Pascual Sigala, su socio político y presidente del Congreso del estado, asistieron al concierto que Marco Antonio Solís dio en California, para celebrar sus 40 años de carrera artística.

Un boletín del gobierno del estado afirma que Silvano tuvo una reunión con el senador Kevin de León, de ese estado, y hablaron sobre apoyo a los migrantes michoacanos.

Sin embargo, se especula que el encuentro no estuvo programado y que fue por casualidad que Aureoles encontró al senador estadounidense en el concierto de Marco Antonio Solís, que lo del boletín fue una farsa…

Comments

comentarios