Se Entregó el Rastro Como Pago de Factura Política: Regidores

Zitácuaro.- La concesión del rastro a la “familia Orihuela” se hizo sin cuidar la formas. Se violentó el proceso que marca la ley. Se lo dijimos al presidente, pero no hizo caso. Se trata de un “pago de factura” política por el pasado proceso electoral.

Así lo expresaron los regidores Roció Olivares, Agustín Flores, Dominique Muñoz, Fausto Pinello Olmos, Mónica Campos, en conferencia de prensa. Expresaron su oposición a la entrega del rastro como pago de favores políticos, en lugar de ver por el interés de la ciudadanía.

Tal postura se plasmó en un documento en la que detallan las violaciones que, afirman, se cometieron. El mismo documento ya fue entregado este 31 de agosto al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior de Michoacán.

Rocío Olivares explicó a este medio que el proceso estuvo fuera de la ley. Y señaló que la convocatoria para concesionar el rastro se publico el 24 de noviembre de 2017. Ahí se establece un plazo de 15 días hábiles para recibir las propuestas y 30 para que el cabildo sesionara para determinar al ganador.

Este plazo se venció el 24 de enero de 2018. Así que el procedimiento que se hizo hasta este 29 de agosto estaba fuera de lugar. “Le dijimos al presidente que emitiera otra convocatoria y que el próximo Ayuntamiento determinara lo procedente, pero no hizo caso”, indicó.

Añade que se recibieron 4 propuestas y que se supone que en la sesión de cabildo del pasado miércoles se presentarían para votarlas. Sin embargo, los regidores ya llegaron con “línea” y sólo se puso a consideración la presentada por la Unión de Tablajeros J. Ascención Orihuela Carmona.

Es decir, los regidores ya no podían elegir entre las 4 propuestas, sino sólo votar sí o no a la que representa la familia Orihuela. Comentó que, ante esto, los 5 ediles inconformes se retiraron.

Añadió Rocío que también estuvo en desacuerdo José Guadalupe Benítez; inclusive, firmó el documento de inconformidad. Sin embargo, no quiso retirarse de la sala, porque le llamaron para “dale línea”.

Puntualizó que esta concesión es ilegal, porque para ello se necesitaban los votos de las tres cuartas partes del cabildo, y no se tuvieron los apoyos necesarios. Asimismo, dijeron que el regidor Cuauhtémoc Valdez no debió de haber votado, por ser secretario de la organización beneficiada.

Manifestó que como dejarán de ser regidores, sólo pudieron entregar los documentos al Congreso y a la Auditoría Superior de Michoacán. Añade que le tocará a los próximos regidores intervenir y parar este proceso.

No obstante, Rocío Olivares dijo que, como ciudadana, va a dar seguimiento a este caso. Además, comentó que el Ayuntamiento será observado por este procedimiento, debido a que no cumplió las formas legales.

Comments

comentarios