Viola Empresa que Opera el Rastro el Contrato de Concesión

Zitácuaro.- Con la expedición de recibos improvisados, que no cumplen con los requisitos fiscales, ni desglosa los impuestos, ni están foleados, para llevar un registro exacto de los ingresos y reportar al Ayuntamiento. Así es como opera la concesionaria del rastro municipal, ahora rebautizado J. Ascención Orihuela Carmona.

Esta improvisación en la operación no cumple con las reglas del contrato de concesión mediante el cual fue entregado el rastro por las autoridades municipales encabezadas por Carlos Herrera Tello.

De acuerdo al mencionado documento (del que este medio tiene copia), menciona como grave el hecho de no pagar los impuestos correspondientes, como señala la cláusula número 16 del convenio:

“16. Si por omisión, contravención o alteración de los requisitos anteriores, sé sacrificare ilegalmente algún animal o dejaren de pagarse los impuestos correspondientes, se presumirá que el Administrador es cómplice de los delitos de robo de ganado, de fraude al fisco o de algún otro que resultare·.

Y, el hecho de no expedir recibos fiscales presume una posible evasión de impuestos, dado que los documentos expedidos, elaborados con copias fotostáticas, pueden ser fácilmente falsificados.

En el contrato, el municipio se deslinda del pago de impuestos que generen los ingresos del rastro y le da toda la responsabilidad al concesionario. En este caso, sin embargo, el Ayuntamiento es responsable de vigilar que la operación se haga conforme al contrato, lo que no es así.

De hecho, el no expedir documentos fiscales en regla es una violación al contrato de concesión, lo cual puede ser motivo de recisión de la otorgación del rastro a la agrupación particular.

Así lo establece el punto décimo sexto, en el apartado “De la Recisión”:

“‘EL MUNICIPIO’, podrá revocar la concesión cuando ‘EL CONCESIONARIO’, incurra en alguna de las siguientes causas:

  1. a) Por violar cualquiera de las cláusulas del presente contrato;
  2. b) Por violación de los Reglamentos y disposiciones municipales;
  3. c) Por violaciones a las Leyes vigentes y ordenamientos legales en materia de rastros”.

Y el concesionario ha violado el contrato desde el inicio de la operación, sin que el municipio le haga un llamado o, en su caso, inicie el proceso de recisión.

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