La Corrupción en la Oficina de Pasaportes

Por Ricardo Rojas Zitácuaro

Hay numerosos casos de funcionarios que confunden el ser servidores públicos con servirse del público. Eso es lo que, todo parece indicar, habría hecho Nubia Esquivel Villanueva, esposa del tristemente célebre político Saúl Rodríguez. La corrupción, el abuso, en su máxima expresión, con toda impunidad.

La corrupción ha carcomido la política y el servicio público en el país, el estado y, por supuesto, en el municipio. Es tan común su práctica que este medio ha tenido material de sobra para hablar de ello en los casi 24 años de existencia.

Pero el hecho de que sea común no implica que nos tengamos que acostumbrar a ello, que no nos sorprendamos cada que se descubre un nuevo caso, y que dejemos de denunciarlo y indignemos el cinismo con el que operan los corruptos.

Saúl Rodríguez es una persona que ha hecho carrera al lado de Silvano Aureoles Conejo, con historial de acusaciones de corrupción casi desde la fundación misma del PRD, partido que le ha servido de tapete medrar con recursos públicos.

Una de las primeras acusaciones en su contra fue durante la administración municipal de Silvano Aureoles Conejo en Zitácuaro, a finales del siglo pasado y principios del nuevo milenio.

Fue director de Desarrollo Social, cargo del que fue destituido por no entregar cuentas de un millón de pesos. Sin embargo, no hubo castigo para él y fue mantenido por Silvano como parte de su grupo político, en el que se le dan cargos menores, pero cargos al fin.

Cuando Silvano ganó la gubernatura, Rodríguez quizá pensó que había llegado su gran oportunidad de desempeñarse en un cargo importante. Sin embargo, fue relegado. No obstante, fue nombrado como “asesor” del mandatario estatal.

Se desconoce cuál es su función, cuánto gana. Pero Saúl, astuto como es para detectar oportunidades para generarse sus propias ganancias, ha utilizado el cargo de “asesor” para operar a nombre del gobernador, impunemente.

En Zitácuaro, con el triunfo de Carlos Herrera Tello, en 2015, se le “pago” a Saúl supuestas “facturas políticas”. Y se le entregaron cargos, en los que Rodríguez puso a su esposa Nubia Esquivel Villanueva y a su cuñada, entre otros puestos.

Sus familiares demostraron que su único interés era cobrar un salario y aprovechar oportunidades para obtener “ganancias extra”. Ni su esposa ni su cuñada se destacaron por ser servidoras públicas destacadas, ni entregaron resultados del presupuesto que ejercieron.

A pesar de las críticas hacia este pago de “facturas” a Saúl Rodríguez, Herrera hizo como que no veía ni oía nada. Eso confirmó la influencia que el político tenía sobre el ahora alcalde con licencia.

Esto, por ejemplo, por el hecho de que Nubia, como titular del Instituto de la Mujer Zitacuarense, un cargo de tercera categoría recibía un salario como funcionaria de primer nivel. Es decir, lo que ganaba el secretario del Ayuntamiento o el tesorero.

Quizá este salario tan elevado se asignó luego de que se frenó el intento de Nubia de convertirse en regidora, lo que en su momento la representante indígena, Alberta García Mercado, impidió.

Luego de repetir en la presidencia, nuevamente Saúl Rodríguez cobró la factura. Su esposa, con elevado salario, fue nombrada titular de la Oficina de Enlace de Relaciones exteriores, y su sobrina, como titular del Instituto de la Mujer Zitacuarense. Y lo mismo: nada de trabajo, de resultados, pero sí irregularidades.

Por eso no es una novedad que se acuse a Nubia de utilizar el cargo y los recursos del Ayuntamiento para “cobrar” a los ciudadanos por los servicios que otorga esta dependencia, cuya atención debe de ser gratuita.

De acuerdo a señalamientos hechos por las víctimas, Nubia triangulaba los servicios a través del despacho de su esposo, en donde imponía cuotas por cada servicio, mismo que tanto el gobierno estatal como el municipio otorgan de forma gratuita.

No es novedad, pero sí molesta, indigna. Es claro que la consigna de “servirse del público” es una forma de trabajar de muchos de los silvanistas en el estado, pero eso no lo hace normal ni correcto.

Esperamos que esta nueva “travesura” de Saúl y su esposa no quede impune. Es necesario, no sólo una sanción, sino que se finquen responsabilidades penales, en caso de haberlas. ¿O volverán a reírse de los zitacuarenses?

La Violencia, Cifras Reales

En la anterior entrega comentamos las cifras “maquilladas” que elabora el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, de acuerdo a análisis de una organización no gubernamental. Ello, para aparentar que la violencia ha disminuido, cuando en realidad sucede lo contrario.

Un nuevo estudio, llamado Michoacán Deja vú de la Violencia, realizado por la organización México Evalúa, concluye que aunque en la entidad los homicidios dolosos están muy por encima de la media nacional.

Indica que “Michoacán es uno de los estados que a pesar de diversas estrategias y el apoyo del gobierno federal, no ha logrado revertir la crisis de violencia que afecta a sus habitantes”.

Y agrega: “Aunque en los últimos dos sexenios se han desplegado diversos operativos especiales para combatir a la delincuencia organizada y los subsidios en algunos municipios del estado han aumentado, los resultados aún no se han materializado”, indicó el especialista.

Comenta que en México, el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes está por debajo de 2.5, en Michoacán, este año, alcanzará 33.3 por ciento. Aunque señala que tendrá una baja de 5.1%, en comparación con 2018 (que fue de 35.1%), aún así está muy por encima de la media.

Los datos de México Evalúa concluyen que el estado ha fracasado en su lucha contra la violencia:

“El tema (de aumento de la violencia) pasa porque ha fracasado el estado y su estrategia; tenemos los casos de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan en donde no se ha logrado que los programas federales ni la presencia federal repercuta en un mejoramiento dentro de las capacidades institucionales que hagan sostenible la seguridad en la zona”.

Lamentablemente, señala que se ha demostrado que el gobierno del estado no tiene la capacidad para revertir esta situación, porque “no se cuenta con un proceso de procuración de la justicia que sea funcional”. ¿Así o más claro, Silvano?

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