Falsea Fiscalía Regional Investigación de Linchamientos; Protege Culpables

Zitácuaro. – Una investigación armada para proteger a los responsables, en donde se mezclan la corrupción, el abuso de poder y la fabricación de un chivo expiatorio, así se ha hecho la investigación sobre el linchamiento ocurrido en Zitácuaro el 11 de noviembre de 2018. Ha habido de todo, menos justicia.

Familiares del chivo expiatorio, sobre quien pesa una orden de aprehensión por homicidio calificado, por lo que se dio a la fuga, proporcionaron documentos y grabaciones que hicieron de las pláticas sostenidas con personal de la Fiscalía Regional.

De ello se desprende que la investigación fue torcida para que algunos de los presuntos responsables, entre los que se menciona a los jefes de tenencia de Francisco Serrato y Crescencio Morales, fueran exonerados.

Lo anterior, porque se trata de líderes de las comunidades que están afiliados al PRD y han sido aliados del gobernador Silvano Aureoles Conejo. Para poderlos deslindar, se culpó sólo a una persona del linchamiento de las cuatro personas que se introdujeron a la tenencia de Francisco Serrato, supuestamente a robar y secuestrar.

Aunque, en su momento, el mandatario estatal afirmó que se castigaría a todos los responsables, entre los que señaló a la Fiscalía Regional y a la Policía Municipal de Zitácuaro, ninguno de ellos ha sido responsabilizado de lo ocurrido.

Por el contrario, se puso en manos de la fiscalía la investigación, y se dieron instrucciones de deslindar a los líderes perredistas, quienes, según testigos, sí participaron activamente, junto con al menos 300 personas más.

Sin embargo, el resultado de la investigación es que un solo vecino de la zona del incidente es el responsable. Sobre él, que estuvo presente, pero no participó activamente, se descarga toda la responsabilidad.

Ello, gracias a testimonios falseados y peritajes hecho a modo para que se le señale como responsable único. Es decir, una sola persona detuvo a las cuatro víctimas, las golpeó, las trasladó al lugar del sacrificio y les prendió fuego.

La persona responsabilizada fue “tranquilizada” por la Fiscalía, con la promesa de que su nombre se manejaría, pero que luego se le deslindaría. Esto, a fin de que las cosas se olvidaran.

Sin embargo, esto no sucedió. Se pidió y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado, por lo que el señalado se dio a la fuga. Mientras sus familiares reclamaron a las autoridades este proceder.

Fue una oportunidad para victimizarlos por segunda ocasión. Se les pidió dinero para “desaparecer” la orden de aprehensión. A la fecha han entregado 400 mil pesos que fue a dar a la Fiscalía. Pero el mandato de captura sigue vigente.

De lo anterior existen grabaciones en las que participa un abogado de nombre Erick P. intermediario de la Fiscalía y los familiares del acusado, quien recibió el dinero y lo entregó, supuestamente al fiscal Hugo Verduzco.

También hay una grabación en la que el propio Verduzco habla con los familiares del acusado y les dice que las cosas se van a solucionar pronto. Pero eso no sólo no ha pasado, sino que no hay interés de enderezar la investigación y llegar a fondo de lo que pasó.

En las más de 4 horas de grabación que los familiares obtuvieron de las pláticas con el abogado y el fiscal se señala que la forma en la que se elaboró la investigación fue ordenada por el propio gobernador Silvano Aureoles.

También se habla del alcalde con licencia, Carlos Herrera, hoy secretario de Gobierno, y del diputado Octavio Ocampo. Lo cierto es que la familia no sólo quiere su dinero de regreso, sino que haya justicia.

Pero, precisamente esto es lo que parece no importar. No sólo no hay justicia para las víctimas, sino tampoco para los habitantes de las tenencia de Francisco Serrato y Crescencio Morales, y tampoco para los zitacuarenses.

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