Que Regrese Patricia Ramírez al DIF Municipal… Lo que se Llevó

Por Ricardo Rojas Rodríguez*Zitácuaro.- Que Patricia Ramírez del Valle regrese al DIF municipal, parece ser un deseo de numerosos zitacuarenses que “disfrutaron” de su gestión en esa dependencia que debía de destinar su presupuesto a atender a los que menos tienen. Sí que regrese… pero lo que se llevó, que no fue poco.

La ahora regidora fue una funcionaria honoraria. Es decir, su “espíritu de servicio” era tan grande que no cobraba por su “esforzado” trabajo en favor de las mujeres y los niños; en especial los que viven en situación de riesgo.

No cobró un salario, pero, de acuerdo la investigación sobre su paso en el DIF, habría encontrado otras formas de “recompensarse” a sí misma: todos los ingresos de la dependencia a su cargo, que eran muchos, iban a parar a sus manos.

Y de ahí ya no se supo su destino, porque aunque legalmente debían de ir a la Tesorería Municipal, nunca llegaron. Hablamos, no de miles, sino de millones de pesos que, destinados a programas sociales hubieran beneficiado a numerosas familias de escasos recursos económicos.

Veamos: Patricia Ramírez recibía a diario el dinero que cobraban las siguientes dependencias: El Centro de la Mujer, que presta servicios médicos de ginecología y ultrasonografía.

Del Centro Comunitario Palermo, que también da servicio de medicina, con una cuota de recuperación e imparte talleres del programa Hábitat; su similar, ubicado en La Joya, con servicios parecidos.

También recibía los ingresos del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), que da terapias de rehabilitación, con una cuota de recuperación. De la guardería Cri Cri, que atendía a niños pequeños, igual que la Casa de Cuidado Diario. Sus ingresos, luego de pagar algunos gastos, eran entregados a la dirección del DIF.

Además, le entregaban a Ramírez, según la investigación, el recurso de los Centros de Capacitación (Cecade), que cobraban una cuota de recuperación. Del Parque Infantil del DIF, que cobraba por la entrada, así como por la operación de algunos juegos mecánicos.

Por otro lado, también recibía el dinero por los servicios médicos que se ofrecían también en las instalaciones del propio DIF, ya que se cobraban cuotas módicas, pero que generaban un recurso.

No existe un registro de cuánto dinero fue, ya que no ingresó a la Tesorería, como mencionamos líneas arriba. Se entregaba en efectivo a la presidenta del DIF “del que disponía a su arbitrio”.

Como no hay registro, la cantidad que presuntamente desvió Patricia Ramírez sólo ella la conoce. Nosotros podemos especular, en base a los ingresos actuales del DIF municipal, que sí ingresan a la Tesorería, como marca la normatividad.

Rosario Jasso, actual presidenta del DIF, que tampoco cobra un salario por hacer su trabajo, calcula los ingresos entre 140 y 160 mil pesos al mes. Sin embargo, éstos no incluyen los del CRI, ni los del Parque Infantil, ya que ahora no se cobra la entrada.

Así que si hablamos de los 160 mil pesos cada 30 días, que sería una cifra conservadora, y multipliquemos este monto por los 41 meses que Patricia Ramírez estuvo al frente del DIF (salió en mayo de 2015, para ser elegible para la regiduría que su esposo, el ahora expresidente, le consiguió a base de chantajes a su partido, el PRI).

El resultado sería de 6 millones 560 mil pesos. Nada mal para presentarse en la oficina ya pasado el mediodía y pedir cuentas del dinero, para luego no hacer prácticamente nada. ¿Dónde quedó ese dinero, para qué lo destinó? Sólo ella sabe la respuesta.

Sin embargo, ella no es la única responsable de este presunto desvío millonario. El titular de la administración municipal era su esposo, Juan Carlos Campos Ponce. Si él no hubiera autorizado que se le entregara a Patricia el dinero, sin que se le pidieran cuentas, esto no hubiera pasado.

Lo más seguro es que no le pedía cuentas para tenerla tranquila y que no se metiera en la presidencia. Pero los perjudicados de estos arreglos de familia somos nosotros, los ciudadanos. Y ya llegó el momento de que nos dé cuentas.

Desafortunadamente, como decíamos al principio de esta columna, Ramírez es regidora. Y aunque le pagan un salario reducido, por no tener comisión, y no hacer nada, tiene la protección del fuero que su cargo le otorga.

Precisamente el fuero que muchos políticos rateros utilizan para evadir la acción de la justicia de los delitos que han cometido. Sin embargo, si los ciudadanos exigimos nuestro dinero, que nos dé cuentas y que comparezca ante la justicia, algo se podrá hacer.

Hay dos caminos: esperar a que salga del cargo, al cabo la regiduría no le va a durar para toda la vida. Por otro lado, que las autoridades inicien un procedimiento de desafuero. Basta recordar que hay una denuncia penal por peculado en su contra.

Asimismo, el cabildo en donde ella se desempeña como regidora, podría exigir cuentas e iniciar sus propios procesos penales en su contra, con lo que el juicio político para su desafuero podría acelerarse. Sólo falta que los integrantes del Ayuntamiento se pongan del lado de los ciudadanos y no de su compañera. ¿Será?

Lentos, pero los procesos contra los funcionarios de la anterior administración avanzan poco a poco. Esta semana, la Secretaría de la Contraloría iniciará con el procedimiento de fincamiento de responsabilidades por 3 millones de pesos en contra del exalcalde, del extesorero y del exdirector de Servicios Públicos.

Se trata de una de las muchas irregularidades cometidas que ha salido a la luz: un recurso que se envió para construir el relleno sanitario, pero del que no se entregaron cuentas. Y, al parecer, la obra no se hizo; o, al menos no como debía de ejecutarse, de acuerdo con las normas.

Por ello, el pasado jueves varios exfuncionarios señalados (como el exdirector de Obras, Joaquín Campos, y el exsíndico, Fernando Terán, y aunque no está confirmado, dicen que habría podido asistir Campos Ponce) se reunieron en un restaurante de esta ciudad.

Asistieron también algunos exregidores del PRI, que con su voto a favor a todo lo que el exalcalde les ponía enfrente contribuyeron a los abusos. Al parecer, la plática fue su preocupación sobre las acusaciones que los acosan y buscar una alternativa.

No se conoce el resultado, pero lo cierto es que hubo preocupación por la situación que, en un escenario adverso, podrían enfrentar; en especial aquellos que pudieron haber recibido muy poquito y que no les alcanzará para defenderse.

En este sentido, es importante que los ciudadanos, más allá de quejarse y mentar madres en el Facebook, participen de forma activa. Sólo así, con la presencia y la presión social, es como se puede obligar a las autoridades a proceder en contra de los exfuncionarios de los que se presume desviaron millones de pesos.

Lo valioso de ello, es que si se logra presionar para que no haya impunidad y se logra al menos que regresen dinero, esto servirá de escarmiento para los actuales funcionarios públicos. No sólo se debe de castigar a quienes pudieron haber cometido actos de corrupción en el pasado, sino evitar que los actuales hagan lo mismo…

Ilegal

El programa del alcoholímetro que se aplica en el municipio es ilegal, porque viola el derecho de libre tránsito de los ciudadanos y los criminaliza. Así señala el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Froylán Vázquez.

Indica que el personal que lo aplica no está capacitado, ni tiene tacto para tratar con los ciudadanos. Además, que nunca se estableció un reglamento específico que normara la actuación de la policía y evitara violencia contra las personas.

Es claro que, en teoría, la intención del alcoholímetro es buena: detener a los conductores ebrios y evitar que pongan en riesgo su vida y la de personas inocentes. Eso nadie lo puede discutir.

Pero no se puede violar la ley, sólo porque hay buenas intenciones de por medio. En especial que quienes transgreden las garantías individuales sean aquellos que se supone que deben de protegerlas.

En este sentido, se estableció el pasado miércoles la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos. Su objetivo es revisar las quejas de los ciudadanos en contra de los policías y, en su caso, imponer castigos.

Nuevamente, la intención es buena. Sin embargo, quienes integran, en su mayoría, esta comisión son directivos de la propia policía. No hay –como debería de ser- participación mayoritaria de la sociedad civil. ¿De qué se trata? Los responsables de la Dirección de Seguridad Pública serán juez y parte…

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  1. ESTA PERSONA HOY COMO REGIDORA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZITACAURO MICHOACAN DEBE SER ENCARCELADA Y QUE REGRESE EL ERARIO PUBLICO QUE ABUSANDO DE LA CONFIANZA DE SUS PATRONES EL PUEBLO SE ADJUDICO PARA SU VENEFICIO PERSONAL

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